En la Amazonía de Brasil y Colombia, las organizaciones que trabajan en el territorio enfrentan un entorno cada vez más complejo en materia de seguridad y gobernanza. Conflictos persistentes por la tierra, degradación ambiental, amenazas a la seguridad física y una presencia estatal limitada generan riesgos significativos para quienes impulsan iniciativas de desarrollo sostenible en la región.

Estas dinámicas se ven agravadas por la creciente demanda global de productos básicos de alto valor —como madera, oro, carne bovina y soya— que continúa alimentando actividades ilegales y disputas territoriales. En este contexto, redes criminales han ampliado su influencia, buscando consolidar el control territorial y la influencia política mediante la intimidación, la corrupción y la captura de estructuras de gobernanza local.

La evidencia recopilada en este estudio indica que las organizaciones de la sociedad civil experimentan estos riesgos de forma más directa que los actores del sector privado. Muchas de ellas señalaron sentirse particularmente expuestas a la inseguridad territorial y subrayaron la necesidad urgente de fortalecer las instituciones públicas, mejorar los marcos de gobernanza y promover estrategias de desarrollo que reflejen las realidades sociales y económicas locales.

El análisis se basa en información recopilada por el Instituto Igarapé entre octubre de 2024 y abril de 2025 mediante una encuesta en línea y una serie de entrevistas con informantes clave. Los participantes incluyeron representantes de instituciones de investigación, organizaciones no gubernamentales y entidades del sector privado que operan en la Amazonía, quienes compartieron sus perspectivas sobre los riesgos que enfrentan y las soluciones que consideran más viables.

Ante la creciente convergencia de desafíos territoriales, ambientales y de gobernanza, el informe destaca la necesidad de una respuesta dual. Fortalecer las instituciones estatales formales sigue siendo fundamental, pero este esfuerzo debe complementarse con modelos de gobernanza híbridos que reconozcan e integren el conocimiento local, los actores territoriales y las realidades institucionales de cada contexto.

Garantizar la resiliencia a largo plazo de la Amazonía requerirá inversiones estructuradas y responsables que estén arraigadas en las realidades locales. Los compromisos políticos deben ir acompañados del conocimiento operativo de las organizaciones que trabajan directamente en el territorio. Al mismo tiempo, los inversionistas, las autoridades públicas y los donantes filantrópicos deberían incorporar evaluaciones de riesgo territorial y regulatorio en la planificación de proyectos, así como fortalecer las capacidades institucionales de quienes los implementan.

Las recomendaciones presentadas en el informe están dirigidas a gobiernos nacionales y subnacionales, donantes internacionales, organizaciones filantrópicas y socios de desarrollo, así como —de manera fundamental— a las comunidades locales cuyos medios de vida y futuro están estrechamente vinculados a la protección del bosque.

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